Alrededor de 11,000 agentes de diversas ciudades de EE. UU. y el extranjero solicitan al juez del caso no imponer prisión a Erik Durán por la muerte de un civil en 2023.
Una movilización masiva de oficiales de seguridad, que incluye a unos 11,000 agentes de ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Dallas, además de cuerpos policiales de Londres y Canadá, ha solicitado formalmente al juez Guy Mitchell que no encarcele al sargento Erik Durán. El oficial, de origen dominicano, enfrenta cargos de homicidio tras un incidente ocurrido en agosto de 2023 en El Bronx, donde falleció el puertorriqueño Eric Duprey durante un operativo encubierto.
La petición, respaldada mayoritariamente por unos 7,000 miembros del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), argumenta que el sargento no debe ser penalizado por una decisión tomada en “fracciones de segundo” durante el cumplimiento de su deber. Durán, quien pertenecía a la Unidad Antinarcóticos y contaba con un historial de más de 50 arrestos por posesión ilegal de armas, ya fue despedido de la institución y enfrenta una posible condena de entre cinco y quince años de prisión.
El incidente de la hielera
Los hechos que originaron el proceso judicial ocurrieron en el sector de Kingsbridge Heights, cuando Duprey, quien se desempeñaba como repartidor, emprendió la huida en una motocicleta al notar la presencia de agentes encubiertos. Según el reporte oficial, Durán persiguió al individuo y, al no poder alcanzarlo, le lanzó una hielera que provocó que este perdiera el control del vehículo.
Duprey, quien no portaba casco protector, impactó contra un árbol y posteriormente contra el pavimento, falleciendo en el lugar. Mientras la policía sostiene que el occiso intentaba escapar de una transacción de drogas, sus familiares alegan que huyó por temor a que le retuvieran la motocicleta al no estar matriculada.
Argumentos de la defensa policial
En el documento entregado a la corte, los firmantes destacan que la labor policial es intrínsecamente peligrosa y que exigir perfección en situaciones de rápida evolución limita la eficacia del orden público. “No se puede esperar que cumplamos con nuestro trabajo de manera eficaz sabiendo que una decisión de buena fe podría costarnos la libertad”, subraya la petición.
Asimismo, los agentes expresaron su frustración ante lo que consideran un sistema desigual, donde delincuentes habituales suelen evitar la prisión mientras oficiales con trayectorias destacadas enfrentan penas severas. El caso de Erik Durán se ha convertido en un punto de debate sobre los límites del uso de la fuerza y la protección legal de los agentes del orden en el ejercicio de sus funciones en Estados Unidos.
