Durante su visita a Perú, el pontífice instó a los obispos a fortalecer los mecanismos de prevención y protección de las víctimas, en un país marcado por denuncias contra miembros de instituciones religiosas.
Lima, Perú. – El papa León XIV pidió este jueves a los obispos peruanos asumir una respuesta firme ante los casos de abusos cometidos por integrantes del clero y otras personas vinculadas a instituciones religiosas, mediante el esclarecimiento de los hechos, la reparación a las víctimas y el fortalecimiento de las medidas de prevención.
El pronunciamiento se produjo durante un encuentro celebrado en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, como parte de la segunda jornada de su visita a Perú. Se trata de la primera vez que el pontífice aborda públicamente esta problemática durante su gira por Suramérica.
En su intervención, León XIV sostuvo que la Iglesia debe actuar con responsabilidad frente a estos delitos, priorizando la protección de quienes han sufrido abusos y garantizando que las denuncias reciban la atención correspondiente.
El pontífice llama a proteger a los más vulnerables
El papa destacó que la respuesta de las autoridades eclesiásticas debe fundamentarse en la verdad, la justicia y la reparación, acompañadas de acciones concretas para impedir nuevos casos.
Para reforzar su mensaje, recordó el ejemplo de san Martín de Porres y san Juan Macías, figuras de la Iglesia peruana reconocidas por su servicio a los demás.
A partir de sus enseñanzas, señaló la importancia de reconocer la dignidad de cada persona, independientemente de su condición social o posición dentro de una institución.
Su llamado también estuvo dirigido a fortalecer una cultura de prevención que permita identificar situaciones de riesgo y ofrecer mayor protección a menores de edad y otras personas vulnerables.
Disolución del Sodalicio marcó un precedente en Perú
Las declaraciones del pontífice se producen en un contexto de cuestionamientos hacia la Iglesia peruana por los casos de abusos denunciados durante las últimas décadas.
Uno de los episodios más significativos fue la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, organización religiosa fundada en Perú y cuya supresión fue ordenada por el papa Francisco en enero de 2025, tras investigaciones relacionadas con abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.
Hasta abril de ese año, la organización había reportado indemnizaciones correspondientes a 98 casos, por un monto aproximado de 6.5 millones de dólares.
De estos, 37 estaban relacionados con abusos sexuales, mientras que los demás correspondían a otras formas de maltrato, abuso de autoridad e incumplimientos graves de las normas internas.
Por otra parte, el Vaticano ha recibido más de un centenar de denuncias vinculadas con la organización, según informaciones ofrecidas por el responsable de las investigaciones y del proceso de liquidación.
No existen cifras oficiales completas sobre los casos
Pese a los escándalos registrados, la Iglesia peruana no dispone de un informe nacional que permita establecer con precisión la cantidad total de abusos denunciados en sus instituciones.
La organización estadounidense BishopAccountability ha documentado señalamientos contra al menos 77 sacerdotes, religiosos y laicos consagrados por presuntos abusos sexuales a menores durante las últimas décadas.
Estas acusaciones no representan necesariamente casos con responsabilidad penal demostrada, pero evidencian la necesidad de investigaciones y mecanismos de rendición de cuentas.
León XIV prevé reunirse con víctimas
Durante su permanencia en Lima, el pontífice tiene previsto mantener un encuentro con personas que han denunciado abusos dentro de la Iglesia, aunque todavía no se han comunicado oficialmente los detalles de la reunión.
La visita se desarrolla en un momento en que las víctimas continúan reclamando esclarecimiento, reconocimiento de responsabilidades y medidas que garanticen que estos hechos no se repitan.
El mensaje de León XIV plantea a las autoridades eclesiásticas peruanas el desafío de convertir sus compromisos en acciones verificables, capaces de ofrecer justicia a los afectados y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales de protección.
