El organismo señala que la participación del Poder Judicial en el Presupuesto General del Gobierno Central bajó de 1.05 % en 2019 a 0.87 % en 2025, mientras los casos recibidos por los tribunales superaron el millón.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. — El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió sobre la reducción de la participación del Poder Judicial dentro del Presupuesto General del Gobierno Central, en un contexto marcado por el incremento sostenido de la demanda de los servicios judiciales en República Dominicana.
La advertencia está contenida en el informe “Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible”, elaborado por el PNUD, que revela que la participación presupuestaria del Poder Judicial pasó de 1.05 % en 2019 a 0.87 % en 2025.
El organismo señala que esta reducción se produce mientras el sistema judicial ha experimentado un aumento significativo en la cantidad de asuntos recibidos y resueltos por los tribunales.
Entre 2021 y 2025, los asuntos ingresados aumentaron de 498,722 a más de 1.1 millones, mientras que los casos resueltos pasaron de 452,869 a más de 1.1 millones.
A pesar del incremento de la carga de trabajo, el sistema logró mejorar sus indicadores de productividad. La tasa de resolución de asuntos judiciales pasó de 90.8 % en 2021 a 98.4 % en 2025, mientras que el tiempo promedio para resolver los casos se redujo de 95 a 75 días calendario.
Sin embargo, el informe también identifica una disminución en la disponibilidad relativa de jueces. La proporción pasó de 7.36 jueces por cada 100,000 habitantes en 2021 a 6.62 en 2025, equivalente a una reducción aproximada del 10 %.
El PNUD advierte que estos avances en productividad se han alcanzado en un escenario de restricciones financieras y de recursos humanos, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del desempeño del sistema judicial en el mediano plazo.
“La eficiencia judicial no puede sostenerse indefinidamente sobre mayores exigencias operativas al personal existente”, advierte el organismo.
El informe plantea la necesidad de acompañar los avances registrados con una mayor dotación de recursos, planificación adecuada, fortalecimiento institucional y una distribución diferenciada de las cargas de trabajo.
Asimismo, profesionales del derecho consultados durante la elaboración del estudio señalaron que las limitaciones de personal, infraestructura, organización institucional y disponibilidad de tribunales inciden en la mora judicial. Entre sus principales demandas se encuentra la necesidad de fortalecer el presupuesto destinado al Poder Judicial.
El PNUD reconoce que resolver una mayor cantidad de casos constituye un avance, pero advierte que este resultado no debe alcanzarse a costa de la calidad de las decisiones, el trato a los usuarios, la salud organizacional del sistema ni la igualdad territorial en el acceso a la justicia.
El informe plantea, en consecuencia, el desafío de garantizar que los avances registrados por el sistema judicial puedan mantenerse de manera sostenible frente al crecimiento de la demanda ciudadana de servicios de justicia.
