La procuradora Yeni Berenice Reynoso informó que el robo de teléfonos móviles es el delito más frecuente en el país y advirtió que ahora podrá ser castigado con penas de hasta 20 años de prisión.
Santo Domingo.– El robo de teléfonos celulares continúa siendo el delito más cometido en la República Dominicana, seguido por el robo de motocicletas y la sustracción de metales, según informó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante un taller sobre la aplicación del nuevo Código Penal.
La magistrada explicó que el Ministerio Público trabaja de manera coordinada con las empresas telefónicas para bloquear los equipos reportados como robados, con el objetivo de reducir su valor en el mercado ilegal y desincentivar este tipo de delitos.
Uno de los cambios más importantes introducidos por el nuevo Código Penal es que el robo de teléfonos celulares será considerado una modalidad de robo agravado, con sanciones que van desde 10 hasta 20 años de prisión, debido a la alta incidencia de este delito y a su impacto en la seguridad ciudadana.
Nuevos agravantes para el delito de robo
Reynoso explicó que el nuevo Código Penal también endurece las penas para otras modalidades de robo agravado, estableciendo condenas de entre cinco y diez años de prisión cuando el delito sea cometido utilizando un vehículo de motor, durante la noche, en terminales de transporte público, mediante el uso de máscaras o disfraces, o cuando implique daños significativos a los bienes de la víctima.
Asimismo, serán considerados robos agravados aquellos cometidos contra personas en estado de indefensión o que hayan sufrido un accidente, así como la sustracción de dispositivos electrónicos y piezas de vehículos.
Robo de metales provoca pérdidas millonarias
La procuradora también alertó sobre el impacto económico del robo de metales, especialmente de contadores eléctricos y tapas de imbornales y filtrantes.
Explicó que las investigaciones han establecido que muchos de estos equipos son vendidos por sumas mínimas, mientras que su reposición representa un alto costo para el Estado.
“En algunos casos, un contador eléctrico robado se vende por apenas 70 pesos, pero sustituirlo cuesta más de 300 dólares”, indicó Reynoso.
Estafas también recibirán sanciones más severas
Durante su exposición, la procuradora informó que el nuevo Código Penal incorpora un tratamiento especial para las estafas agravadas, incluyendo las estafas piramidales y las inmobiliarias.
Precisó que, tras las modificaciones introducidas por la Ley 44-26, las estafas inmobiliarias serán consideradas agravadas sin importar el monto económico involucrado, debido al impacto que generan sobre las víctimas.
Reynoso señaló que estas reformas responden a una política criminal basada en estadísticas y en la realidad delictiva del país, con el propósito de fortalecer la protección de la ciudadanía y adecuar las sanciones a los delitos de mayor incidencia.
