Relatores de derechos humanos advirtieron que las medidas agravan la crisis humanitaria en la isla y pidieron a Washington cesar las acciones que afectan su soberanía.
Ginebra.– Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba y advirtieron que estas medidas agravan la crisis que enfrenta la isla, al afectar sectores esenciales como la energía, el transporte y los servicios básicos.
En un comunicado conjunto, los relatores calificaron las sanciones anunciadas el pasado 23 de julio como “un intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción”, al tiempo que alertaron sobre el impacto que tienen sobre la población civil.
Los expertos señalaron que las restricciones se extienden al sector energético, dificultando aún más la adquisición de combustible, incluso para fines humanitarios, en un contexto en el que Cuba ha experimentado recientemente su tercer gran apagón de alcance nacional.
Alertan sobre consecuencias humanitarias
Los especialistas advirtieron que el deterioro simultáneo de los sistemas de energía, transporte, riego y otros servicios esenciales afecta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables de la población, entre ellos mujeres, niños y adultos mayores.
Asimismo, expresaron preocupación por el agravamiento de la situación humanitaria y afirmaron que la comunidad internacional debe actuar con rapidez para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida en la isla.
Llamado a Estados Unidos y a la ONU
En el documento, los expertos instaron al Gobierno de Estados Unidos a poner fin a las amenazas y actos que consideran contrarios a la soberanía de Cuba, al tiempo que solicitaron al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas abordar el tema como un asunto relacionado con la paz y la seguridad internacional.
El pronunciamiento fue suscrito por varios relatores especiales de la ONU, entre ellos Zaina Jallad, relatora sobre el impacto de las sanciones, y Surya Deva, relator sobre el derecho al desarrollo.
