La acusación de la Operación SeNaSa 2.0-A señala que una presunta estructura habría utilizado datos confidenciales de afiliados para generar autorizaciones y cobrar servicios médicos que, según el expediente, nunca fueron realizados.
Santo Domingo.– El Ministerio Público asegura haber identificado reclamaciones por consultas de ginecología facturadas a afiliados masculinos como parte de las presuntas irregularidades atribuidas a una red investigada por defraudar al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El señalamiento forma parte de la solicitud de medida de coerción presentada contra 25 personas arrestadas durante la denominada Operación SeNaSa 2.0-A, entre las que figuran exempleados de la aseguradora estatal, médicos y particulares.
De acuerdo con el expediente, de 525 páginas, los integrantes de la presunta estructura habrían tenido acceso a información confidencial de afiliados y a datos relacionados con sus planes de salud, que posteriormente eran utilizados para generar autorizaciones médicas y presentar reclamaciones por servicios que supuestamente nunca fueron ofrecidos.
La investigación encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que la estructura aprovechaba el conocimiento de los protocolos internos de SeNaSa para ejecutar las operaciones.
Afiliados aseguran que nunca recibieron los servicios
Según la acusación, los involucrados seleccionaban principalmente afiliados con poco historial de interacción con la institución, lo que presuntamente disminuía las posibilidades de que las operaciones irregulares fueran detectadas.
A nombre de estas personas se habrían generado autorizaciones y reclamaciones médicas. Durante la investigación, algunos afiliados declararon que nunca recibieron los servicios facturados e incluso aseguraron desconocer a los médicos asociados a determinados reclamos.
Uno de los hallazgos que recoge el expediente corresponde a reclamaciones por consultas ginecológicas registradas a nombre de afiliados masculinos.
El Ministerio Público también reportó procedimientos ambulatorios tramitados sin historia clínica, descripción quirúrgica, documentos de identidad de los pacientes ni otros soportes requeridos.
Además, fueron identificadas reclamaciones incompletas, documentos sin sellos de médicos o prestadores de servicios de salud, ausencia de números de afiliación y formularios con tachaduras, enmendaduras y aparentes errores en las autorizaciones y los montos reclamados.
Usaban nombres ficticios para solicitar autorizaciones
Los fiscales sostienen que integrantes de la presunta red utilizaban nombres ficticios al comunicarse con el centro de llamadas de SeNaSa para gestionar autorizaciones médicas.
Entre los nombres citados por el órgano acusador figuran Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez.
La investigación señala, además, que habrían sido utilizados códigos reales pertenecientes a médicos presuntamente vinculados al esquema. Según la acusación, estos profesionales habrían permitido registrar consultas y procedimientos ficticios a cambio de beneficios económicos.
Los recursos obtenidos mediante estas operaciones supuestamente eran distribuidos entre los participantes conforme a acuerdos establecidos previamente.
Ministerio Público denuncia presunta falsificación de firmas
Otro de los mecanismos atribuidos a la estructura es la presunta falsificación de firmas de afiliados para elaborar reportes de autorizaciones médicas y respaldar reclamaciones posteriormente cobradas a SeNaSa.
El Ministerio Público describe un esquema con distribución de funciones, en el que distintas personas habrían intervenido desde la obtención de información de los afiliados hasta la generación de autorizaciones, presentación de reclamaciones y posterior movimiento de los recursos.
Como parte de las investigaciones financieras, la Pepca también identificó transferencias bancarias entre personas presuntamente vinculadas al caso. Algunas operaciones, según los fiscales, carecían de conceptos específicos o contenían descripciones que presuntamente buscaban ocultar el origen del dinero.
La solicitud de medida de coerción fue presentada contra los 25 detenidos. Corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad penal individual de los imputados frente a las acusaciones formuladas por el Ministerio Público.
