El Ministerio Público atribuye a los señalados distintas funciones dentro de un presunto esquema que habría utilizado datos de afiliados, autorizaciones médicas y reclamaciones por servicios no prestados para obtener recursos de la aseguradora estatal.
Santo Domingo.– Médicos de distintas especialidades, exempleados y personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) figuran entre los 25 imputados por el Ministerio Público en la Operación SeNaSa 2.0-A, investigación sobre un presunto entramado dedicado a defraudar fondos de la aseguradora estatal.
La solicitud de medida de coerción, que consta de 525 páginas, atribuye a los investigados diferentes niveles de participación en un supuesto esquema que incluía el acceso y utilización de datos de afiliados, generación de autorizaciones, presentación de reclamaciones por servicios presuntamente no realizados, falsificación de firmas y movimientos financieros entre integrantes de la estructura.
Según el expediente, entre los imputados se encuentran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez y Juan Henry Poueriet.
También figuran Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero y Guillermo Enrique Dicló Garabito.
La lista incluye además a Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Exempleados bajo investigación
Entre las personas señaladas se encuentra Heidy Coronado Paulino, quien, según el expediente, trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa entre agosto de 2021 y marzo de 2025.
El Ministerio Público sostiene que su conocimiento de los procedimientos internos habría sido utilizado para facilitar reclamaciones irregulares.
También figura Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, quien se desempeñó como supervisor de servicios a usuarios de SeNaSa desde 2016 hasta marzo de 2025. La investigación señala movimientos financieros recibidos de varias personas vinculadas al caso que son analizados como parte del expediente.
Angeury Guzmán Vásquez, por su parte, es señalado por los fiscales como una de las personas vinculadas a la gestión de autorizaciones y al suministro de información de afiliados a médicos presuntamente involucrados.
La acusación sostiene que desde uno de los números telefónicos registrados a su nombre se habrían realizado llamadas al centro de atención de SeNaSa para solicitar autorizaciones de cirugías, consultas especializadas y otros procedimientos.
Médicos entre los principales señalados
Una parte considerable de los imputados corresponde a profesionales de la medicina de especialidades como cirugía general, ginecología, obstetricia, ortopedia, traumatología y medicina interna.
Entre ellos se encuentra Einstein Rafael Borromé Valdez, cirujano general a quien el Ministerio Público atribuye la elaboración de supuestos expedientes clínicos ficticios utilizando datos personales de afiliados.
De acuerdo con el expediente, 28 de 29 afiliados contactados durante las investigaciones no reconocieron los servicios registrados a nombre del médico.
Juan Henry Poueriet, ginecólogo obstetra, es señalado por la presentación de autorizaciones y expedientes que, según la acusación, utilizaban datos y firmas de afiliados que posteriormente negaron haber recibido los servicios.
Otro de los imputados es Carlos Job Ynoa Olivero, especialista en ginecoobstetricia. Las auditorías realizadas por SeNaSa detectaron, de acuerdo con el expediente, consultas ginecológicas registradas a nombre de afiliados masculinos, además de duplicidad de servicios y reclamaciones que pacientes consultados dijeron no reconocer.
Auditorías detectaron patrones inusuales
El expediente señala que varias de las investigaciones comenzaron tras detectarse incrementos considerados atípicos en las facturaciones de determinados prestadores.
En algunos casos, las auditorías encontraron similitudes en la tipografía utilizada para completar formularios, firmas presuntamente falsificadas, documentos incompletos y procedimientos que los afiliados posteriormente aseguraron no haber recibido.
El Ministerio Público atribuye este tipo de actuaciones, entre otros, a Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y otros profesionales incluidos en el expediente.
También fueron identificados casos en los que afiliados reconocieron haber sido pacientes de determinados médicos, pero negaron haberse sometido a algunos de los procedimientos posteriormente facturados a la aseguradora.
Transferencias bajo investigación
La investigación también rastrea movimientos financieros entre varios de los imputados.
Los fiscales sostienen que algunas transferencias estarían relacionadas con la distribución de los recursos obtenidos mediante las reclamaciones cuestionadas.
El expediente menciona operaciones bancarias entre médicos, exempleados y otros integrantes de la presunta estructura, aunque corresponderá al proceso judicial establecer el origen de esos fondos y la responsabilidad individual de cada imputado.
Además de las evidencias documentales y financieras, la investigación incorpora auditorías médicas, entrevistas a afiliados, análisis de firmas, registros de llamadas e interceptaciones telefónicas.
¿De qué los acusa el Ministerio Público?
El órgano persecutor atribuye a los imputados, dependiendo de su presunta participación individual, infracciones relacionadas con falsificación y uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, violaciones a la legislación de Seguridad Social, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que la presunta estructura aprovechaba información de afiliados con poco uso de su seguro médico para tramitar autorizaciones y presentar posteriormente reclamaciones por consultas y procedimientos que no habrían sido realizados.
Las imputaciones forman parte de la acusación presentada por las autoridades y no constituyen una condena. Corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad penal de cada una de las personas señaladas durante el desarrollo del proceso judicial.
