Santo Domingo, RD | 19 de febrero de 2026. – La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) reveló en su informe ejecutivo de 2025 un avance histórico en la regularización inmobiliaria del país. Durante el pasado año, la entidad emitió un total de 32,674 certificados de títulos, una cifra que ha impactado de manera directa a más de 130,000 dominicanos, consolidando la seguridad jurídica sobre la propiedad privada en el territorio nacional.
Con estos resultados, la actual gestión alcanza un acumulado de 161,662 títulos otorgados, beneficiando a una población superior a las 643,000 personas. El informe destaca que los equipos técnicos lograron medir más de 68,000 inmuebles en 14 provincias, como parte de una estrategia que busca cubrir la totalidad de la geografía dominicana.
Ahorro millonario y eficiencia estatal
El impacto de la UTECT no solo se refleja en la entrega de documentos, sino también en el bolsillo de los ciudadanos. Se estima que los beneficiarios del Plan Nacional de Titulación obtuvieron un ahorro conjunto de más de RD 2,650 millones, monto que el Estado asumió para cubrir los procesos legales y registrales que antes debían pagar los particulares.
En términos administrativos, la institución demostró una alta eficiencia al ejecutar el 91.52 % de su presupuesto, lo que equivale a una inversión de RD 662.5 millones destinados a la operatividad y levantamientos parcelarios.
Modernización legal y nuevas alianzas
Un hito fundamental del 2025 fue la promulgación de la Ley núm. 82-25, la cual moderniza el régimen del Bien de Familia. Esta normativa elimina las trabas de “libre disposición” que afectaban a los inmuebles titulados anteriormente, permitiendo que ahora los propietarios puedan acceder al crédito formal y dinamizar las economías locales al utilizar sus propiedades como garantía financiera.
Finalmente, la UTECT fortaleció su red de cooperación mediante la firma de nuevos convenios con los ministerios de Energía y Minas, Cultura y los Comedores Económicos, además de renovar acuerdos clave con el Consejo del Poder Judicial, asegurando que los procesos de titulación sigan siendo ágiles y transparentes.
