Dos semanas después del doble sismo, el país enfrenta el reto de atender a miles de damnificados, remover escombros y reconstruir infraestructuras en medio de cuestionamientos a la respuesta oficial
Venezuela.– Dos semanas después del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, el país entra en una nueva etapa marcada por la reconstrucción, luego de agotar la fase más crítica de rescate y atención inmediata tras una tragedia que dejó miles de muertos, heridos y desplazados, principalmente en la costa del estado La Guaira.
El desastre, provocado por dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5, obligó al Gobierno venezolano a desplegar una respuesta de emergencia apoyada en asistencia técnica internacional, mientras intenta ahora organizar la recuperación de las zonas afectadas y responder al impacto social, humano y estructural que dejó el evento.
Hasta el momento, las cifras oficiales reportan 3,685 fallecidos, 16,740 heridos y 17,907 personas sin hogar, muchas de las cuales permanecen en refugios temporales habilitados por las autoridades o se han desplazado a otras regiones del país para rehacer sus vidas.
Uno de los puntos más sensibles sigue siendo la situación de los desaparecidos. Aunque el Gobierno habilitó desde el primer día un canal para reportar personas no localizadas y en un primer momento habló de 157 desaparecidos, ese dato no ha sido actualizado públicamente.
En paralelo, la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela asegura haber registrado más de 30,100 personas cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado, una cifra que refleja la dimensión de la incertidumbre que todavía persiste entre familiares y comunidades afectadas.
Durante las primeras horas posteriores al terremoto, buena parte de las labores de rescate fue asumida por ciudadanos que, sin herramientas especializadas, removieron escombros con sus propias manos para intentar sacar a familiares y vecinos atrapados.
Según el Gobierno, se realizaron 6,462 rescates, mientras que la ONU informó que los equipos internacionales lograron 14 rescates complejos en una semana de trabajo.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez explicó que el país solicitó ayuda internacional desde el inicio de la emergencia y que más de 3,000 rescatistas de 30 países llegaron a Venezuela para apoyar las labores, tras una coordinación realizada con Naciones Unidas. A ese contingente se sumaron, según la funcionaria, más de 10,000 rescatistas venezolanos desplegados en las zonas afectadas.
Aunque el Gobierno sostiene que la respuesta oficial fue inmediata, la gestión de la emergencia ha estado marcada por críticas y denuncias de ciudadanos que afirman que las primeras horas fueron enfrentadas prácticamente sin presencia suficiente de organismos de socorro.
En distintas zonas de La Guaira, familiares de víctimas y residentes denunciaron la ausencia de Protección Civil, Bomberos, Fuerza Armada y otros organismos de seguridad durante las primeras 60 horas posteriores al desastre.
La militarización visible de la zona no se produjo hasta el sábado siguiente, luego de un decreto emitido por Rodríguez el viernes. Sin embargo, según testimonios recogidos por la prensa, los militares llegaron sin equipos adecuados para participar en tareas de rescate, lo que alimentó el malestar de familias que denunciaban sentirse desasistidas.
La mandataria ha rechazado esas acusaciones y ha calificado parte de las denuncias como montajes dirigidos a perjudicar la imagen del Gobierno.
La emergencia movilizó a miles de venezolanos que comenzaron a llevar por su cuenta alimentos, agua, ropa, herramientas y otros insumos a La Guaira, generando incluso congestión en las vías de acceso al estado. Ante ese escenario, las autoridades restringieron temporalmente la entrada, alegando la necesidad de organizar mejor la asistencia.
Posteriormente, el Gobierno habilitó casi 90 refugios temporales para albergar a miles de damnificados y prometió que antes de que finalice el año entregará viviendas a todas las personas que perdieron sus hogares a causa del terremoto.
Rodríguez también informó que el Ejecutivo trabaja en distintos planes de reconstrucción junto a países aliados y organismos multilaterales, entre ellos Estados Unidos, Brasil y el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de haber ordenado inspecciones de infraestructuras en los estados afectados para determinar el alcance de los daños y las intervenciones necesarias.
Más allá de la emergencia humanitaria, la tragedia también ha empujado a Venezuela a ampliar su interlocución con actores internacionales, en un contexto político que ya había cambiado desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado durante un ataque militar estadounidense en Caracas.
La gestión del desastre ha llevado al Gobierno a coordinar sobre el terreno con agencias de la ONU y con países con los que no mantenía relaciones diplomáticas activas, entre ellos Argentina y República Dominicana, abriendo canales de cooperación que hasta hace poco parecían poco probables.
Ese giro responde, en parte, a la magnitud de la reconstrucción que ahora enfrenta el país. La recuperación de viviendas, carreteras, edificios e infraestructuras básicas requerirá una capacidad operativa y una inyección de recursos que el Estado venezolano difícilmente puede asumir por sí solo, en medio de años de crisis económica, sanciones internacionales y deterioro institucional.
Con la fase de rescate prácticamente cerrada, Venezuela entra ahora en una etapa más compleja: reconstruir comunidades enteras, responder a miles de damnificados y restablecer la normalidad en las zonas golpeadas por uno de los desastres más severos de su historia reciente.
