Santo Domingo, Rep. Dominicana. 10 de febrero del 2026. – En un esfuerzo por blindar el ejercicio de la denuncia ciudadana y fortalecer la transparencia gubernamental, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Dra. Milagros Ortiz Bosch, sostuvo un encuentro estratégico en la Procuraduría General de la República. El objetivo central de la visita fue coordinar protocolos de protección y asistencia para ciudadanos que han expuesto presuntos actos de corrupción administrativa, asegurando que su integridad personal y laboral no se vea comprometida.
Garantías contra represalias y coordinación interinstitucional
Ortiz Bosch enfatizó que la colaboración entre la DIGEIG y el Ministerio Público es fundamental para desmantelar estructuras de opacidad en la administración pública. Según explicó la funcionaria, la preocupación institucional radica en la vulnerabilidad de los testigos ante posibles represalias legales o administrativas. Por ello, consideró imperativo que el órgano encargado de la persecución penal tenga conocimiento formal de estos casos, activando de manera oportuna los mecanismos de salvaguarda que correspondan según la competencia del Ministerio Público.
El caso CORAMON como precedente de acción
Como parte de las acciones concretas, la titular de Ética recordó que en agosto de 2025 la DIGEIG recibió una serie de denuncias sobre supuestas irregularidades en la gestión de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON). Tras un riguroso proceso de levantamiento de información y análisis de pruebas, la institución determinó que los hallazgos presentaban indicios de naturaleza penal.
En cumplimiento estricto de la Ley 133-11, el expediente fue remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Ortiz Bosch destacó que este caso subraya la importancia de que los denunciantes cuenten con un respaldo estatal sólido desde el primer momento en que deciden colaborar con la justicia.
Propuesta de un nuevo marco jurídico para testigos
Más allá de los casos puntuales, la DIGEIG anunció que se encuentra en una etapa avanzada de elaboración de una propuesta normativa orientada a robustecer el sistema de protección para informantes y testigos de actos ilícitos en el Estado. Esta nueva legislación buscaría:
- Establecer canales de denuncia seguros y anónimos.
- Prevenir el acoso laboral o civil contra quienes aporten pruebas fehacientes.
- Fomentar una cultura de integridad donde el ciudadano se sienta amparado por el derecho constitucional a la fiscalización social.
La funcionaria concluyó que el respaldo al derecho de los ciudadanos a denunciar es un pilar irrenunciable del Gobierno dominicano, cuya meta final es la consolidación de un sistema democrático basado en la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la institucionalidad.
