El Ministerio Público presenta 29 elementos de prueba, incluyendo videos de seguridad que ubican a la imputada como la única persona en la escena del crimen; la autopsia confirmó muerte por sofocación
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal conoce este viernes la solicitud de medida de coerción contra Yoleydi Linarez Araujo, señalada como la presunta responsable de la muerte de su hija de seis años. El trágico suceso, que ha consternado a la comunidad, ocurrió el pasado 11 de marzo en el interior de su residencia.
El Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva, sustentada en un expediente que contiene 29 elementos de prueba, entre los que destacan testimonios, peritajes forenses y material audiovisual clave para el esclarecimiento del caso.
Evidencias contundentes
Según la instancia de solicitud de medida de coerción, las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la vivienda muestran que Linarez Araujo fue la única persona que entró y salió del apartamento en el periodo en que se cometió el crimen. Los videos registran el momento en que otros familiares se retiran del lugar, dejando a la imputada sola con la menor bajo el pretexto de realizar labores de limpieza.
Testimonios de vecinos refuerzan la tesis del órgano acusador, indicando que la madre tenía el control total de la escena. Las investigaciones señalan que, tras cometer el acto, la mujer salió de la vivienda por unos 20 minutos y regresó para fingir el hallazgo del cuerpo de la niña en el baño de la residencia.
Resultados de la autopsia
Aunque la imputada trasladó a la menor a un hospital local alegando un accidente, los médicos confirmaron el deceso y notificaron a las autoridades ante las sospechas de irregularidades. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinó mediante autopsia que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, provocada por la obstrucción de los orificios respiratorios, confirmando un homicidio violento.
Proceso judicial
Yoleydi Linarez Araujo enfrenta cargos por homicidio voluntario y abuso físico. Su captura se produjo el pasado 6 de mayo, luego de casi dos meses de investigaciones técnicas y científicas que permitieron al Ministerio Público robustecer el caso.
La audiencia, que había sido aplazada para permitir a la defensa estudiar el expediente y las pruebas audiovisuales, se desarrolla este viernes con el fin de determinar si la procesada deberá cumplir la medida de coerción en un centro de corrección y rehabilitación.
